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Aboga por que las organizaciones representativas estén presentes en el diseño de políticas económicas.

El Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que insta a los Estados y a la Comisión Europea a poner en marcha programas que potencien a las empresas de economía social ante la actual recesión económica. El informe, elaborado por la europarlamentaria italiana, Patrizia Toia, en el que también participaron organizaciones representativas, fue aprobado en sesión plenaria el 19 de febrero, con 580 votos a favor, 27 en contra y 44 abstenciones.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) elogió este informe y destacó el interés del Parlamento Europeo por generar un marco jurídico para las empresas de economía social, «que representan el 10% de las compañías europeas y generan el 6% del total del empleo».

El citado informe define a la economía social como un modelo empresarial que no se caracteriza por el tamaño o por sector de actividad, sino por «los valores comunes que comparten sus componentes».

Con el trasfondo de la recesión, la Eurocámara resalta la capacidad de las cooperativas para favorecer la integración de colectivos vulnerables, así como generar empleos que no se deslocalizan y prestar servicios de interés general. Afirma que la economía social es un agente clave para el logro de los objetivos «de crecimiento sostenible y del pleno empleo, ya que hace frente a los numerosos desequilibrios en el mercado de trabajo». Añade que, mediante el apoyo al empleo femenino, proporciona servicios asistenciales.

El informe pone énfasis en solicitar que la Comisión Europea tenga en cuenta las características de la economía social (objetivos, valores y métodos de trabajo) a la hora de elaborar sus políticas en materia de desarrollo social, económico y empresarial. Señala que deberán realizarse evaluaciones para asegurar que las políticas europeas respetan los intereses de la economía social.

Sobre estas premisas, la Eurocámara solicita a la Comisión que tenga en cuenta las particularidades de las cooperativas, de manera que no estén sujetas a la misma aplicación de las normas sobre competencia que el resto de empresas.

Igualmente insta a que se elabore «un marco jurídico seguro», basado en el reconocimiento de los valores específicos de las cooperativas, para que puedan operar en igualdad de condiciones con las demás empresas. En este sentido, plantea que se elaboren los estatutos europeos para cooperativas, sociedades laborales, mutualidades y fundaciones, así como que se fijen «normas claras» para determinar qué entidades pueden funcionar legalmente como empresas de la economía social, y que establezca barreras jurídicas eficaces para el acceso a este ámbito, de forma que sólo las organizaciones de economía social puedan aprovechar la financiación destinada a impulsar este ámbito económico.

Otra de las solicitudes es que se tenga en cuenta la realidad de la economía social al revisar la política de ayudas estatales -para facilitar el acceso a la financiación de las cooperativas- y que no obstaculice las normativas nacionales en materia social y fiscal para este ámbito.

El informe considera que la UE y los Estados miembros deberán tener en cuenta a la economía social y sus interlocutores en su legislación. Se manifiesta a favor de que éstos se reconozcan en el diálogo social, tanto sectorial como intersectorial. Concretamente, los eurodiputados solicitan a la Comisión Europea que anime a las organizaciones de la economía social a participar en los órganos permanentes de diálogo social y en los grupos de expertos de alto nivel en los que se tratan materias relacionadas con la economía social.