Juan Antonio Pedreño señala que el desarrollo del sector supondría “una importante oportunidad para generar actividad económica sostenible”
El presidente de Ucomur y Cepes destaca que el papel de la economía social en el sector debería ser reconocido e impulsado de forma especial
El desarrollo de la Ley para la Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia podría generar 635.000 puestos de trabajo a jornada completa para 2015, convirtiéndose además en un nicho de ocupación óptimo para colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo: personas mayores de 50 años, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión. Ésta es una de las principales reflexiones del estudio ‘La Economía Social y la atención a la dependencia’, elaborado por la Fundación Alternativa y que cuenta con la colaboración de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Suara Cooperativa, Fundación Cajamar y la Fundación Gredos San Diego.
De acuerdo los datos oficiales del Imserso, a principios de julio de 2012, más de un millón de personas ya tenían reconocido el derecho a las prestaciones y servicios del Sistema de la Dependencia, y más de 768.000 los estaban recibiendo efectivamente. Las cifras muestran que el progresivo envejecimiento de la población española, requerirá cada vez de mayores recursos y servicios especializados para atender a personas en situación de dependencia. Sin embargo, el potencial del sector no está siendo “plenamente aprovechado” debido a la irrupción de la crisis económica, muchas familias optan por la prestación económica por cuidados en el medio familiar, y la adopción políticas de ajuste por parte del Gobierno.
El estudio analiza los antecedentes y el estado actual del sector y recoge una batería de medidas que ayudaría a potenciarlo. El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, señala que el desarrollo de la ley de la dependencia “supondría una importante oportunidad para crear una actividad económica sostenible y generar empleo, la mayor prioridad en estos momentos”.
El informe pone de manifiesto que, a pesar de la crisis económica, los servicios sociales han sido una de los pocos sectores que han conseguido mantener un crecimiento positivo del empleo. Entre el primer trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2012, se han creado unos 110.000 puestos de trabajo, mientras que en el mismo periodo en el conjunto de la economía española se han perdido tres millones.
El también presidente de Ucomur recuerda que las empresas de economía social, en especial las cooperativas, vienen actuando en la prestación de servicios a la personas en situación de dependencia, incluso antes de que entrara en vigor la propia legislación. Por su naturaleza, explica, están situadas entre las entidades que mayor incidencia tienen en los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, centros residenciales y de día.
Por ello, resalta que el papel de la economía social en la atención a la dependencia “debería ser reconocido e impulsado de forma especial, porque este tipo de empresas siempre se han situado a la vanguardia por su compromiso y por ofrecer soluciones para cubrir las carencias que ha presentado siempre la atención a personas en situación de dependencia”.
El informe señala que el papel de estas empresas no debería limitarse a “cubrir los huecos que la acción pública y el mercado no atienden o han abandonado”. Así, propone una serie de medidas dirigidas a facilitar la participación de la economía social en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), como incluir el desarrollo de cláusulas sociales de contratación que permitan que el valor diferencial de las cooperativas sea tenido en cuenta en los procesos de contratación pública, además de eliminar las trabas y condiciones discriminatorias negativas que pueden impedir o perjudicar su competitividad en el acceso al sistema.
Entre las características de este modelo empresarial, el informe destaca su amplia cobertura territorial, el conocimiento del entorno, la experiencia acumulada, la calidad del servicio ofrecido y la capacidad de gestión del capital humano, que se traduce en una mayor calidad en el empleo.
Pedreño también asegura que Cepes trasladará a los Gobiernos central y autonómicos las medidas que recoge el estudio para ayudar a fortalecer al sector, con el objetivo de que puedan ponerse en marcha cuando el escenario económico lo permita.
El informe incide en que la economía social sea reconocida públicamente, mejore su posicionamiento institucional y sea potenciada la creación de empresas y participación de las mismas en este emergente sector de actividad, tanto como agentes económicos y sociales con voz en esta materia, como colaboradores de las Administraciones públicas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y como gestores empresariales prestadores de estos servicios.
También señala que las medidas tomadas por el actual Gobierno en dependencia no son sino iniciativas de ajuste dirigidas a reducir el gasto, como es la revisión del calendario de aplicación, moratoria en la incorporación de los dependientes moderados, revisión del sistema de altas en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, revisión de las cuantías de las prestaciones económicas previstas en el Sistema, avance en la aplicación efectiva del copago, o incompatibilidad entre prestaciones, entre otras.
Por ello, indica que “se echa en falta” dentro de la reforma de la ley actuaciones dirigidas a hacer que el SAAD haga efectivo su “potencial” de creación de empleo y de generación de actividad económica. “La clave para lograr la sostenibilidad de cualquier proyecto no radica solo en minimizar los gastos, sino, sobre todo, en maximizar los beneficios”, indica el documento.