Ucomur participa en una mesa redonda sobre la Ley de Cooperativas de la Región

Más de cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, y estando cada vez más próxima la fecha en la que se producirá el cierre registral para aquellas cooperativas que no hayan adaptado sus estatutos, la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia celebró el pasado 14 de abril una jornada para hacer balance, analizar las posibilidades de mejora y conocer la opinión de los distintos colectivos que participan en la tarea.
El acto contó con las ponencias de José Javier Escolano, notario; Francisco Iniesta, abogado de Strategia Consultoría; Remedios Vicente, técnico del Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad; Francisco Cano, magistrado adscrito al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, y un mesa redonda en la que participaron Ana García, del departamento jurídico de Fecoam, y Ruth Guerola, responsable del área de Empresa de Ucomur.
La directora de la Cátedra, Rosalía Castro, explicó que el objetivo de la jornada era reunir a profesionales de los sectores más concienciados con la realidad y la importancia que tienen las cooperativas. Recordó que ahora es un momento de transición, puesto que se tiene que producir una nueva reforma de la ley para adaptarse a las normas del Plan General Contable de Cooperativas. También destacó que las cooperativas están demostrando que en tiempos de crisis “son capaces de mantenerse más firmes que otros modelos empresariales”.
Ruth Guerola, de Ucomur, indicó que se están cumpliendo los plazos porque las cooperativas están muy concienciadas en que deben adaptarse a la ley. Aseguró que las pocas que todavía quedan pendientes, se va a buscar que se ajusten a la próxima Ley de Cooperativas de la Región de Murcia, que incluirá los cambios provocados por la nueva normativa contable. Remedios Vicente apuntó que se espera que la ley esté lista para el mes de septiembre, una vez el Consejo Económico Social y el Consejo Jurídico den el visto bueno a las modificaciones.
La nueva normativa mercantil, que entró en vigor el uno de enero de este año, obliga a que cada cooperativa clasifique su estructura de capital. “Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos financieros en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan para la empresa una obligación contractual directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero”.
Esto supone que las obligaciones de pago y, en concreto, las que afectan al reembolso de las aportaciones del capital de los socios de las cooperativas, serán clasificadas contablemente, con independencia de su consideración jurídica, como pasivo exigible.
Antes de 2011, el capital social aportado por los socios era exigible por los mismos en el momento de causar baja en la cooperativa por cualquier razón. La futura ley, así como los estatutos de las cooperativas, incluirán una serie de medidas para que el socio mantenga el derecho a recuperar el capital que ha invertido.